ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Magistrado ponente


AC7523-2017

Radicación n° 11001-31-03-035-2011-00701-01

(Aprobado en sesión de quince de agosto de dos mil diecisiete)


Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).-



Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad de la demanda presentada por WILLIAM ENRIQUE LOZADA ÁLVAREZ y NOHEMÍ GUZMÁN OLAYA para sustentar el recurso extraordinario de casación que interpusieron frente a la sentencia de 9 de noviembre de 2015, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario adelantado por SOFÍA MILA BARRERA DE SARMIENTO y EDISON DEYSON BOLAÑOS PINILLO contra los recurrentes, RADIO TAXI AEROPUERTO S.A. y SEGUROS COLPATRIA S.A.


ANTECEDENTES


1. Los accionantes solicitaron declarar que los convocados son civilmente responsables de los perjuicios que se les ocasionaron por las lesiones que sufrió Sofía Mila Barrera de Sarmiento en el accidente de tránsito ocurrido el 13 de marzo de 2010. En consecuencia, para ella se reclamaron las respectivas condenas por daño emergente, lucro cesante, daño moral objetivado, daño moral subjetivado y daño a la vida de relación; y para Bolaños Pinillo la suma tasada por el dolor emocional y psicológico derivado del detrimento físico producido a su compañera.


2. Como causa petendi se indicó que (fls. 35 a 49 del c. 1):


2.1. En la citada fecha, Sofía Mila Barrera de Sarmiento se transportaba como pasajera en el taxi de placas VDX-999, cuando en la intersección de la calle 75 con carrera 87 de esta ciudad, fue impactado por otro “taxi” distinguido con el serial SHA-853, conducido por William Enrique Lozada Álvarez, de propiedad de él y de Nohemí Guzmán Olaya, y afiliado a la empresa Radio Taxi Aeropuerto S.A.


2.2. El conductor del segundo vehículo, al girar a la izquierda, no respetó la prelación vial que tenía el primero, con lo que desconoció las normas de tránsito.


2.3. Por la violenta colisión de los rodantes, resultó “seriamente lesionada” la mencionada viajera: Medicina Legal le dictaminó una incapacidad médica de sesenta días, y como secuelas permanentes, la perturbación funcional del miembro superior derecho y del sistema nervioso central; y  Médicos Asociados conceptuó invalidez por pérdida de la capacidad laboral a raíz del accidente, en un setenta y seis por ciento (76%). 


2.4. Por el precitado concepto, la Secretaría de Educación Distrital retiró del servicio a Sofía Mila a partir del 9 de septiembre de 2010, quien entonces tenía 56 años de edad y podía laborar diez más.


3. Notificados de la demanda, los convocados se pronunciaron así:


3.1. Seguros Colpatria S.A. se resistió a las súplicas del libelo inicial aduciendo “ausencia de prueba del derecho legal o contractual para vincular a Colpatria como demandada directa”, “ausencia de solidaridad con los demás demandados”, “imposibilidad jurídica para reclamar doble indemnización”, “inexistencia del perjuicio material reclamado y cobro de lo no debido”, “límite de la eventual obligación indemnizatoria”, “perjuicio moral, sublimitado, según la carátula de la póliza al porcentaje del valor asegurado”, “no cobertura del lucro cesante por cuenta de la póliza de responsabilidad civil extracontractual” y “exclusiones de amparo expresamente previstas en las condiciones generales de la póliza” (fls. 64 a 71). 


3.2 William Enrique Lozada Álvarez y Nohemí Guzmán Ayala excepcionaron: “carga de la prueba de los perjuicios sufridos y de la responsabilidad del conductor”; “excesiva tasación de perjuicios” y “prescripción” (fls. 162 a 166 y 248 a 252).


3.3. Radio Taxi Aeropuerto S. A. planteó las defensas que denominó “el sustento normativo civil en el caso sub examine no se aplica a Radio Taxi”, “la Ley 336 de 1996 y el Decreto 172 de 2001 no son argumentos jurídicos autónomos y suficientes”, “existencia de un contrato y de normas civiles sustantivas eximentes de responsabilidad”, “no se aporta el sustento probatorio indispensable para comprometer la responsabilidad de Radio Taxi”; “la disminución laboral que se alega no tiene sustento legal” y “cobro de lo no debido” (fls. 102 a 120).


4. El accionado William Enrique Lozada Álvarez llamó en garantía a la indicada aseguradora, que reiteró los planteamientos atrás relacionados, y frente a su citación alegó: “límite de la eventual obligación indemnizatoria”; “perjuicio moral, sublimitado, según la carátula de la póliza al porcentaje del valor asegurado”, “no cobertura del lucro cesante por cuenta de la póliza de responsabilidad civil extracontractual” y “exclusiones de amparo expresamente previstas en las condiciones generales de la póliza” (fls. 19 a 28 del c. 4).


5. La primera instancia finalizó con sentencia de 1° de diciembre de 2014, que: (i) Declaró a los demandados –a excepción de Seguros Colpatria S. A.- civil, solidaria y extracontractualmente responsables por los perjuicios irrogados a Sofía Mila Barrera de Sarmiento; (ii) los condenó a pagar a ella ciento treinta y nueve millones seiscientos sesenta y ocho mil setecientos un pesos ($139.668.701), por lucro cesante (pasado y futuro), al igual que las costas del proceso; (iii) a la aseguradora le ordenó cancelar, a dicha gestora, seis millones ciento sesenta mil pesos ($6.160.000), a título de detrimento moral; y (iv) negó las demás pretensiones (fls. 564 a 614 del c. 2).


6. La apelación interpuesta por las partes, salvedad hecha de Seguros Colpatria S. A., se desató con fallo de 9 de noviembre de 2015, que modificó lo decidido por el a-quo, en estos términos: (i) “Dentro de los tres días siguientes a la notificación de esta providencia, William Enrique Lozada Álvarez, Nohemí Guzmán Olaya y Radio Taxi Aeropuerto S.A., pagarán, en forma solidaria, a Sofía Mila Barrera de Sarmiento, $281'864.348 por lucro cesante y $15'000.000 a título de daño moral”; y (ii) “De las antedichas condenas, Seguros Colpatria S.A. asumirá, dentro del mismo término, la suma de $30'928.800, ora en forma directa a favor de Sofía Mila Barrera de Sarmiento, o a manera de reembolso, si es que William Enrique Lozada Álvarez llegara a sufragar, primero, la condena que se le impuso”. En todo lo restante se ratificó lo ordenado en primer grado (fls. 57 a 81 del c. de alzada).


7. Los demandados William Enrique Lozada Álvarez, Nohemí Guzmán Olaya y Radio Taxi Aeropuerto S. A. formularon casación que, concedida por el ad-quem y admitida por esta Corte, fue sustenta con libelos separados, correspondiendo, en este momento, examinar el radicado por los dos primeros (fls. 5 a 13 del c. de esta Corporación).


LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL


Sus razones se abrevian así:


1. No es de recibo el hecho de un tercero que los copropietarios demandados plantearon sobre la base del actuar del conductor del taxi en el que se desplazaba la accionante Barrera de Sarmiento, porque ante la imprudencia del chofer del otro vehículo, quien no acató la prelación de la vía, en el mejor de los casos para la parte opositora, apenas emergería como una posible concausa del suceso dañino, que habilitaría a la afectada para perseguir, de cualquiera de los agentes, la indemnización total por los daños causados, o de todos ellos, a su elección.


Por eso tampoco era factible la reducción de la condena con apoyo una “concurrencia de culpas”, como lo entendió el juez de primera instancia, quien dejó de lado que la víctima, en su condición de simple pasajera de uno de esos rodantes, carecía, por entero, del control respecto de la forma en que este era manipulado al momento de acaecer el accidente vehicular.


2. Resulta infructuoso el intento de Radio Taxi de negar que detenta la guarda del automotor (SHA 853), por cuanto su obrar (con relación al rodante) lo motivó el ánimo de lucro inherente a la actividad mercantil que esa entidad desarrolla, ya que de conformidad con el respaldo legal y jurisprudencial, esto opera aun tratándose de contratos de vinculación que recaigan sobre automotores destinados al servicio público terrestre individual de pasajeros (taxis). Además, que la víctima no hubiera hecho uso del cinturón de seguridad trasero, es una alegación inocua de esa empresa, por cuanto la norma que para ese entonces regulaba esa carga, no era aplicable.


3. Los daños inferidos a Sofía Mila Barrera de Sarmiento se demostraron con: (i) el croquis de la  autoridad de policía, donde se indicó que la pasajera del vehículo Hyundai VDX 999 fue víctima del accidente; (ii) el informe anexo en el que se describieron como lesiones: “trauma nasal” y “politraumatismo”; (iii) la incapacidad que Medicina Legal expidió el 9 de diciembre de 2010, por 60 días, con las siguientes secuelas: “perturbación funcional del miembro superior derecho de carácter permanente” y “perturbación funcional del sistema nervioso central de carácter permanente”; y (iv) la certificación de Médicos Asociados en el sentido que la víctima sufrió pérdida de capacidad laboral del 76% con fecha de estructuración del 4 de agosto de 2010. Documento este que es válido, ya que conforme al artículo 42 del Decreto 1848/69, las EPS pueden evaluar la pérdida de capacidad laboral de sus afiliados, siendo suficiente e incontrovertible para este caso, que la demandante fue desvinculada de su labor de docente como consecuencia de la disminución que sufrió a raíz del accidente.


Las anteriores probanzas permiten colegir el daño sufrido por la pasajera con el incidente del 13 de marzo de 2010, resaltándose que en la materia el ordenamiento jurídico no ha previsto solemnidades como la que echó de menos uno de los demandados, quien expresó que esa incapacidad solo podía certificarla la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá.


4. El demandante Bolaños Pinillo no demostró ni su calidad de compañero permanente de la lesionada, como tampoco una afectación emocional específica que, por su magnitud, ameritara algún reconocimiento a título de perjuicios morales.


5. No habrá pronunciamiento sobre el daño emergente, pues,  la víctima al plantear y sustentar su recurso, dejó de lado dicha decisión (art. 357, C. de P. C).


6. Se acreditó que al momento del accidente, Sofía Mila prestaba sus servicios a la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá; que por ese entonces recibía como contraprestación un salario mensual de $2'304.963 y que como consecuencia del reprochable suceso, fue desvinculada de su actividad de docente, lo que configura un lucro cesante (art. 1614, C. Civil), en la medida que ya no recibirá a futuro, la remuneración que venía percibiendo por esa actividad. No se reducirá esa indemnización al 76% del salario como lo sugirieron los copropietarios apelantes, pues, aunque el dictamen de pérdida de capacidad laboral ascendió a tal porcentaje, lo cierto es que ese ingreso salarial cesó en su integridad con motivo de las lesiones sufridas por la señora Barrera de Sarmiento, quien en lo sucesivo no se pudo desempeñar más en esas labores, ni en jornada completa o en una reducida.


El lucro cesante pasado corresponde a lo que dejó de percibir la víctima desde el 6 de septiembre de 2010 (fecha de su desvinculación laboral), hasta el 1o de diciembre de 2014 (fecha en que se profirió el fallo de primera instancia). El 100% de ese rubro lo estimó el juez a quo en $148'039.193, suma total que reconocerá, por no haber lugar a la deducción que, por "compensación de culpas" aplicó el mismo fallador.


El lucro cesante futuro concierne al monto de dinero que dejará de percibir la reclamante, desde el precitado 1o de diciembre de 2014, hasta la fecha en que aquella alcanzaría la edad de retiro forzoso, es decir, 65 años (art. 122, Decreto 1950 de 1973), época para la que culmina el periodo indemnizable.


Aplicando la fórmula respectiva, se tiene que por lucro cesante pasado y futuro se debe reconocer a Barrera de Sarmiento la suma de “$281.864.348”.


7.  El daño moral el a-quo lo tasó en $12'320.000, y de esa suma apenas reconoció a la señora Barrera de Sarmiento la mitad ($6'160.000), con motivo de la reducción que aplicó.


Ante casos más dramáticos, como la muerte de un hermano, la Corte ha reconocido, con alguna frecuencia, sumas notoriamente inferiores a las reclamadas en la demanda, por manera que se modificará el fallo de primera instancia, para reconocer a dicha peticionaria $15.000.000 por perjuicio moral, compensación que se estima suficiente por el dolor que ella tuvo que padecer con motivo de los hechos que dieron origen a este litigio.


El pretendido “daño moral objetivado”, en estricto sentido, hace parte de los daños de orden patrimonial (daño emergente y lucro cesante), por manera que un reconocimiento como el que solicitó la víctima (en adición a la condena que corresponderá asumir a los demandados por lucro cesante, que fue el único que resultó acreditado), implicaría un doble reconocimiento económico por un mismo perjuicio, lo cual iría en contravía del principio indemnizatorio que rige en materia de responsabilidad civil.


El daño a la vida en relación, derivado de las “afectaciones que inciden en forma negativa sobre su vida exterior, concretamente, alrededor de su 'actividad social no patrimonial”. La señora Barrera de Sarmiento no acreditó la especial disminución o detrimento, de alguna actividad de esas características, que se hubiera visto afectada con motivo de las lesiones derivadas del accidente de tránsito, circunstancia que impide su reconocimiento, en tanto que “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen” (art. 177 del C. de P. C).


8. El juez de primera instancia confundió las pautas que debían seguirse para cifrar el monto de la cobertura que, de conformidad con el mismo contrato, la asegurada estaba llamada a asumir, a título de daño moral, ya que aplicó el porcentaje del “deducible” (20%) al número de salarios mínimos legales mensuales vigentes que se pactó como límite asegurado (60), cuando lo procedente, como con claridad lo dice la póliza, era descontar de lo reconocido por el susodicho concepto, esa proporción.


Dentro de los “amparos” de la póliza, el lucro cesante sí quedó contemplado: “AMPAROS: MUERTE O LESIÓN A UNA PERSONA. SUMA ASEGURADA: HASTA: 60 SMLMV" "PERJUICIOS MATERIALES POR MUERTE O LESIONES PERSONALES. Es la pérdida económica originada por incapacidad laboral permanente debidamente calificada, sufrida por la víctima, y lo la pérdida económica ocasionada a los causahabientes por muerte de la víctima”. Y si en simple gracia de discusión se asumiera que el “lucro cesante” no fue un concepto incluido expresamente dentro de la cobertura que otorgó Colpatria, tal contingencia, por sí sola, era insuficiente para disponer la absolución de esa aseguradora, según la jurisprudencia en tutela de la Corte.


Se dispondrá, entonces, que de los $296.864.348 que, a título de perjuicios, se reconocerán a la señora Barrera de Sarmiento por lucro cesante y por daño moral, Seguros Colpatria asumirá, en su doble condición de demandada y llamada en garantía, la suma de $30.928.800 (esto en consideración al límite asegurado -60 SMMLV- y al deducible -20%-que se pactó en el contrato de seguro).




LA DEMANDA DE CASACIÓN

ÚNICO CARGO


Con fundamento en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se ataca la sentencia del Tribunal por violar indirectamente los artículos 2341, 2343 y 2349 del Código Civil, a consecuencia de error de hecho en la apreciación de la “certificación de Médicos Asociados” sobre la incapacidad de la demandante, y del “informe de accidente de tránsito”. 


En el desenvolvimiento de la censura se afirma lo siguiente:


1. Se dio por demostrado, sin estarlo, que Sofía Mila Barrera de Sarmiento se encontraba en estado de invalidez con ocasión del insuceso ocurrido y base de la demanda; pues, pese a que el Tribunal tenía clara la fecha de estructuración de la discapacidad, 4 de agosto de 2010 según la certificación de Médicos Asociados, sopesó equivocadamente ese documento para deducir que la minusvalía de la gestora “es consecuencia del accidente” ocurrido el 13 de marzo de ese año.


2. El Tribunal desconoció que la mencionada “estructuración”, atendiendo lo consagrado en el artículo 3° del Decreto 917 de 1999, “es la fecha en que se genera en un individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva”, por lo que es claro que la “pérdida de capacidad” de la señora Barrera de Sarmiento “no [se] corresponde con la fecha del accidente”; desentendimiento que conllevó, asimismo, la infracción de los preceptos 174, 187 y 258 del Código de Procedimiento Civil.


CONSIDERACIONES


1. A pesar de que el Código General del Proceso entró a regir de manera integral el 1° de enero de 2016, según el Acuerdo PSAA15 - 10392 del 1º de octubre de 2015, el examen de la presente demanda de casación no se hará a la luz de ese estatuto, pues, según las normas sobre tránsito de legislación allí consagradas, artículos 624 -modificatorio del 40 de la Ley 153 de 1887- y 625-5, los recursos ya interpuestos, entre otras actuaciones, deben surtirse empleando “las leyes vigentes cuando se interpusieron”, y como el que ahora ocupa la atención de la Sala fue formulado el 19 de noviembre de 2015, es decir, bajo el imperio del Código de Procedimiento Civil, será este ordenamiento, con sus modificaciones y adiciones, el que siga gobernándolo.


2. El escrito que sustenta la impugnación extraordinaria debe sujetarse a los requisitos formales y técnicos  establecidos en los artículos 374 ibídem y 51 del Decreto 2651 de 1991, so pena de su inadmisión y consecuente deserción del recurso.


3. El único cargo propuesto no cumple esas exigencias, por los motivos que se pasa a mencionar:



3.1. La precisión y claridad que se reclama de los embates propuestos en casación, conlleva que el impugnante refute, cabal  e integralmente, sin tergiversaciones, las razones, todas, que verdaderamente sirvieron de soporte al sentenciador de segunda instancia para fundamentar su determinación. Y es por eso que la Corte, en tal respecto, ha señalado insistentemente que


[…] habida cuenta del carácter eminentemente dispositivo y restringido de la casación […] cuando el cargo se construye con base en el quebranto de la ley sustancial, se torna indispensable para el recurrente, por una parte, enfocar acertadamente las acusaciones que formule, con lo que se quiere significar que ellas deben combatir las genuinas razones, jurídicas o fácticas, que soportan el fallo impugnado, y no unas extrañas a él, fruto del incorrecto o incompleto entendimiento que de la sentencia haya hecho el censor, o de su imaginación, o inventiva; y, por la otra, que su actividad impugnaticia tiene que estar dirigida a derruir la totalidad de esos argumentos esenciales de la sentencia, pues si el laborío del acusador no los comprende a cabalidad, al margen de que el juzgador de instancia hubiere podido incurrir en las falencias denunciadas, su sentencia no podría quebrarse en virtud del recurso extraordinario (CSJ, auto de 19 de diciembre de 2012, Rad. 2001-00038-01).        


3.2. Los daños o perjuicios causados a Sofía Mila Barrera de Sarmiento con el accidente de tránsito acontecido el 13 de marzo de 2010 -consistentes en lesiones corporales que derivaron en secuelas permanentes que redujeron la capacidad laboral de la víctima en un porcentaje del setenta y seis por ciento-, los dedujo el Tribunal, conforme se relacionó anteriormente, a partir del análisis de varias pruebas, a saber: (i) el croquis de la  autoridad de policía, donde se indicó que la pasajera del vehículo Hyundai VDX 999 fue víctima del accidente; (ii) el informe anexo en el que se describieron como lesiones: “trauma nasal” y “politraumatismo”; (iii) la incapacidad que Medicina Legal expidió el 9 de diciembre de 2010, por 60 días, con las siguientes secuelas: “perturbación funcional del miembro superior derecho de carácter permanente” y “perturbación funcional del sistema nervioso central de carácter permanente”; y (iv) la certificación de Médicos Asociados en el sentido que la víctima sufrió pérdida de capacidad laboral del 76% con fecha de estructuración del 4 de agosto de 2010.


3.3. En el presente embate, los censores únicamente refutan la valoración hecha por el ad-quem de la certificación de incapacidad rendida por Médicos Asociados, al señalar, que pese a la fecha de “estructuración” consignada en ella, 4 de agosto de 2010, se estableció equivocadamente que la minusvalía de la gestora “es consecuencia del accidente” ocurrido el 13 de marzo de ese año.


3.4. Contrastado, entonces, lo considerado por el juzgador de segundo grado sobre la prueba del daño a la víctima y su causa, con la acusación edificada por los impugnantes, no queda más que inferir que estos no enfrentaron plenamente las reflexiones de la sentencia que atacan, pues, habiendo sido la valoración de varios medios de acreditación la que produjo en el fallador la convicción de que el perjuicio resarcible se originó por el accidente de marras, resulta desenfocado e incompleto el cargo limitado a fustigar la ponderación de uno de ellos, valga decir, la certificación de Médicos Asociados, máxime cuando los otros, también documentales, refirieron que por el choque Barrera de Sarmiento sufrió “trauma nasal” y “politraumatismo”; “perturbación funcional del miembro superior derecho de carácter permanente” y “perturbación funcional del sistema nervioso central de carácter permanente”.


3.5. El desenfoque del cargo se resalta, además, cuando se constata que los perjuicios materiales reconocidos, únicamente lucro cesante,  tuvieron como punto de partida para su tasación el 6 de septiembre de 2010, fecha en la que la víctima fue desvinculada de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá donde prestaba sus servicios como docente.


Es decir, que ni siquiera en dicho aspecto resulta relevante o trascedente el momento de “estructuración” de la disminución de la capacidad laboral de Sofía Mila Barrera de Sarmiento, que según el cargo ocurrió el 4 de agosto de 2010, esto es, casi un mes antes de la época en la que se empezó a contabilizar la causación del lucro cesante. 


4.        Por último, vale la pena señalar que desde otra perspectiva resulta impertinente desconocer las deficiencias formales y técnicas advertidas para darle impulso a la demanda estudiada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 del Código de Procedimiento Civil y 7º de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, pues, analizado el proceso, no se observa la ostensible vulneración de las garantías constitucionales de los implicados en la controversia; o la notoria transgresión del principio de legalidad; o una significativa afectación de la ley objetiva comprometida en el juicio; o el marcado agravio de los derechos de las partes.


5. Colofón de todo lo que antecede, es que se inadmitirá la demanda auscultada y, como consecuencia de ello, se declarará desierta la opugnación.


DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, INADMITE la demanda presentada para sustentar el recurso de casación que WILLIAM ENRIQUE LOZADA ÁLVAREZ y NOHEMÍ GUZMÁN OLAYA interpusieron frente a la sentencia de 9 de noviembre de 2015, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario adelantado por SOFÍA MILA BARRERA DE SARMIENTO y EDISON DEYSON BOLAÑOS PINILLO contra los recurrentes, RADIO TAXI AEROPUERTO S.A. y SEGUROS COLPATRIA S.A.


Por consiguiente, DECLARA DESIERTA esa impugnación extraordinaria.


Notifíquese y, en oportunidad, regrese el expediente a Despacho para emitir pronunciamiento sobre la otra demanda formulada.






LUIS ALONSO RICO PUERTA

Presidente de Sala



MARGARITA CABELLO BLANCO




ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO




ARIEL SALAZAR RAMÍREZ




LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA











Clase

INADMISORIO DEMANDA DE CASACIÓN

Magistrado Ponente

Dr. Álvaro Fernando García Restrepo

Radicación

2011-00701-01

Clase proceso

Ordinario Responsabilidad Civil Extracontractual

Recurrente

Demandados WILLIAM ENRIQUE LOZADA ÁLVAREZ, NOHEMY GUZMÁN OLAYA.

Origen

SALA CIVIL DEL TRIBUNAL DE BOGOTÁ

Partes

Demandante: SOFÍA MILA BARRERA DE SARMIENTO y EDISON DEYSON BOLAÑOS PINILLOS.  

Demandados: WILLIAM ENRIQUE LOZADA ÁLVAREZ, NOHEMY GUZMÁN OLAYA, SEGUROS COLPATRIA S.A. y RADIO TAXI AEROPUERTO S.A.

Pretensiones

Los accionantes solicitaron declarar que los convocados son civilmente responsables de los perjuicios que se les ocasionaron por las lesiones que sufrió Sofía Mila Barrera de Sarmiento en el accidente de tránsito ocurrido el 13 de marzo de 2010. En consecuencia, para ella se reclamaron las respectivas condenas por daño emergente, lucro cesante, daño moral objetivado, daño moral subjetivado y daño a la vida de relación; y para Bolaños Pinillo la suma tasada por el dolor emocional y psicológico derivado del detrimento físico producido a su compañera.

Decisión 1ª

(i) Declaró a los demandados –a excepción de Seguros Colpatria S. A.- civil, solidaria y extracontractualmente responsables por los perjuicios irrogados a Sofía Mila Barrera de Sarmiento; (ii) los condenó a pagar a ella ciento treinta y nueve millones seiscientos sesenta y ocho mil setecientos un pesos ($139.668.701), por lucro cesante (pasado y futuro), al igual que las costas del proceso; (iii) a la aseguradora le ordenó cancelar, a dicha gestora, seis millones ciento sesenta mil pesos ($6.160.000), a título de detrimento moral; y (iv) negó las demás pretensiones.

Decisión 2ª

La apelación interpuesta por las partes, salvedad hecha de Seguros Colpatria S. A., se desató con fallo de 9 de noviembre de 2015, que modificó lo decidido por el a-quo, en estos términos: (i) “Dentro de los tres días siguientes a la notificación de esta providencia, William Enrique Lozada Álvarez, Nohemí Guzmán Olaya y Radio Taxi Aeropuerto S.A., pagarán, en forma solidaria, a Sofía Mila Barrera de Sarmiento, $281'864.348 por lucro cesante y $15'000.000 a título de daño moral”; y (ii) “De las antedichas condenas, Seguros Colpatria S.A. asumirá, dentro del mismo término, la suma de $30'928.800, ora en forma directa a favor de Sofía Mila Barrera de Sarmiento, o a manera de reembolso, si es que William Enrique Lozada Álvarez llegara a sufragar, primero, la condena que se le impuso”. En todo lo restante se ratificó lo ordenado en primer grado.

Demanda

de

Casación

Con fundamento en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se ataca la sentencia del Tribunal por violar indirectamente los artículos 2341, 2343 y 2349 del Código Civil, a consecuencia de error de hecho en la apreciación de la “certificación de Médicos Asociados” sobre la incapacidad de la demandante, y del “informe de accidente de tránsito”. 


En el desarrollo del cargo sólo se menciona la certificación de Médicos Asociados, para endilgarle al Tribunal una indebida apreciación de la misma, por no reparar que de acuerdo con la fecha de estructuración de la invalidez que allí se consignó, 6 de septiembre de 2010, tal documento no podía ser prueba de que el accidente de tránsito ocurrido el 13 de marzo de 2010 causó los perjuicios reclamados y a la postre reconocidos.

Decisión

INADMITIR la demanda, por cuanto el único cargo formulado es desenfocado, toda vez que el daño indemnizable lo encontró probado el Tribunal no solo con la mencionada certificación, sino con otros documentos que no relacionó y menos atacó el juzgador de segunda instancia.

IMPEDIMENTO

No hay. La sentencia del Tribunal la suscribieron OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA, MANUEL ALONSO ZAMUDIO MORA y JORGE HERNÁN VARGAS RINCÓN. En primera instancia el fallo lo suscribió CARLOS ALBERTO RANGEL ACEVEDO.

OBSERVACIONES

No hay.